Las criptomonedas, como Bitcoin o Ethereum, son monedas virtuales que sirven para adquirir productos y servicios como cualquier otra moneda. Sin embargo, este tipo de moneda es descentralizada, es decir, no existe una autoridad o ente de control que sea responsable de su emisión y registros de sus movimientos. Estas monedas, al no tener regulación ni control, se prestan en muchas ocasiones para cometer delitos o lavar dinero alrededor del mundo, pues es mucho más difícil su trazabilidad. Es importante aclarar que, hasta ahora, el único país en el mundo donde las criptomonedas son legales es El Salvador.

Las criptomonedas generan un alto riesgo de lavado de activos, facilitando la integración de dinero ilícito a un sistema financiero alterno, lo cual hace mucho más difícil su identificación, regulación y control. Este tipo de monedas generan un impacto no solo para la economía, sino también para la consecución de diferentes delitos como compra de armas, financiación del terrorismo, proliferación, inflación, entre otras. 

Son un sinfín de criptomonedas que están rondando alrededor del mundo, sin embargo, la más conocida y la más propensa para cometer delitos es el Bitcoin. A través de esta forma de pago virtual, basado en un sistema peer-to-peer (red entre iguales), permite que se pueda lavar dinero sucio, obtenido por diferentes crímenes. Además, los movimientos de las cripto monedas se hacen desde cualquier parte del mundo, y al no existir ninguna entidad reguladora o de control sobre el movimiento o uso de ellas, es casi imposible la individualización del criminal. 

El uso de este tipo de monedas virtuales como herramienta para la consumación de múltiples crímenes, se ha convertido en uno de los métodos más atractivos para los delincuentes. El anonimato y los vacíos regulatorios de estas monedas son los “beneficios del crimen”. Por esta razón, es importante y necesario otorgarle reconocimiento jurídico a este tipo de monedas y transacciones virtuales.

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